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Como ejemplo citaron a las entidades donde ellos dos despachan, siendo Chihuahua el estado más grande en cuanto a territorio.
Como ejemplo citaron a las entidades donde ellos dos despachan, siendo Chihuahua el estado más grande en cuanto a territorio.

• Cada representación asume en su entidad las tareas sustantivas del instituto: la protección, investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural

• Hoy, los Centros INAH colaboran en la puesta en marcha de planes de justicia para diversas comunidades indígenas de México

Boletín 64

 

Dentro de la biografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el desarrollo de su presencia a lo largo y ancho del territorio mexicano es todavía una historia por contar; no obstante, algunos de sus detalles fueron atisbados en un conversatorio, organizado por la dependencia adscrita a la Secretaría de Cultura federal, en el marco de su recién cumplido 85 aniversario.

 

Esta actividad conmemorativa, realizada virtualmente, sumó la participación de cinco representaciones estatales del INAH: Campeche, Jalisco, Tabasco, Chihuahua y Estado de México, cuyos directores y directoras reflexionaron en torno a sus logros y retos.

 

Al abrir el panel, la titular del Centro INAH Campeche, Adriana Velázquez Morlet, ofreció un recuento de cómo, a partir de la creación del instituto, en febrero de 1939, ocurrió el desarrollo de dichas unidades de trabajo.

 

En sus primeras décadas de vida, expuso, el INAH estableció centros regionales, en entidades como Puebla, Veracruz, Jalisco y Yucatán, abocados a cumplir con sus funciones sustantivas de investigación, restauración, protección legal y difusión del patrimonio de dichas entidades y de los territorios circunvecinos.

 

“Estos centros regionales tuvieron un papel crucial al propiciar el incremento de las actividades del INAH en cuanto a proyectos de restauración, estudios arqueológicos e iniciativas de corte antropológico”.

 

A partir de 1970, la tendencia fue focalizar esas oficinas, las cuales pasaron, paulatinamente, a denominarse Centros INAH y a sumar, al día de hoy, 31 en el país; la excepción es la Ciudad de México, donde la institución tiene presencia por medio de sus oficinas centrales.

 

Los directores de los Centros INAH Chihuahua y Estado de México, Jorge Carrera Robles y Nahúm Noguera Rico, respectivamente, abordaron los retos que cada estado supone para la atención y puesta en valor del patrimonio.

 

El caso de Chihuahua, el estado más grande en cuanto a territorio, con 12.6 % de la superficie del país, pero con una población de tres millones en ciudades y pueblos dispersos entre amplios paisajes desérticos y montañosos, contrasta con el del Estado de México, cuya superficie, a pesar de representar 1.1 % del territorio, es hogar de casi 17 millones de personas.

 

“El hecho de que el Estado de México cuente con algunos de los municipios más densamente poblados del país, en los que existe un desarrollo inmobiliario vertiginoso, implica numerosos desafíos al momento de proteger el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico”, señaló Noguera Rico.

 

No obstante, añadió, se han establecido sinergias para llevar adelante obras de infraestructura, como la del Trolebús Chalco-Santa Martha, para la cual se realizó un proyecto de salvamento arqueológico que permitió recuperar elementos cerámicos, líticos, restos óseos y otros bienes, cuya antigüedad abarca del año 700 a.C., a la época del contacto con los españoles, hacia 1521 d.C.

 

A su vez, el director del Centro INAH Tabasco, Carlos Giordano Sánchez Verín, expuso sobre la amplitud temporal del patrimonio que el INAH tiene bajo su cuidado. “Si tomamos en cuenta que al instituto le corresponde velar por todo el patrimonio anterior al 1900, no es equivocado afirmar que nos toca estudiar un periodo que abarca, en pocas palabras, la edad del planeta: 4,600 millones de años de historia”.

 

Actualmente, concluyó la directora del Centro INAH Jalisco, Alicia García Vázquez, un campo de atención para el instituto en el interior de la República está en los planes de justicia para grupos indígenas que, de manera sistemática e histórica, habían sido afectados en sus derechos. En este sentido, citó los casos que el Gobierno de México emprende para proteger las rutas de peregrinación y los paisajes sagrados de los pueblos o’dam, náayeri wixárika y mexika.

 

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