Sra. Carmen Aristegui
Presente
Estimada Carmen.
En relación con el reportaje de Carmen García Bermejo y Thelma Gómez Durán sobre la restauración de bienes culturales afectados por los sismos de 2017 y al cual se le ha dado espacio en las plataformas de Aristegui Noticias, solicito a usted hacer públicas las siguientes aclaraciones, dado que la información presentada no es actual y denota un desconocimiento de la normatividad y los procesos que conllevan estas labores de recuperación del patrimonio.
En primer lugar, debemos enfatizar el hecho de que, a la fecha, el avance en las tareas de reconstrucción de bienes culturales supera el 65%, si consideramos solo los 2,340 inmuebles cuya restauración ha correspondido, desde un principio, al INAH.
Una de las primeras omisiones del reportaje es dejar fuera aquellos inmuebles que han sido atendidos por la Secretaría de Cultura, a través de su dirección general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), los cuales también forman parte del Programa Nacional de Reconstrucción. Asimismo, el reportaje no menciona siquiera los miles de bienes muebles y muebles asociados a los inmuebles que también han sido protegidos, atendidos e intervenidos de manera directa gracias a este programa.
Vale aquí puntualizar que el número total de inmuebles culturales afectados por los sismos de 2017 asciende a 3269. De ellos, a septiembre de 2023, se han entregado 2386, que representan un avance del 73%.
Estas cifran, aunque frías, permiten vislumbrar una labor titánica que ha incluido aspectos técnicos, normativos, legales, fiscales, financieros, administrativos y también, y no menos importantes, aspectos sociales, puesto que en el proceso ha sido necesario llevar a cabo acciones de información, diálogo, orientación y convencimiento con las comunidades para rescatar el patrimonio afectado.
Para todo ello, han debido concitarse recursos, voluntades, talentos y esfuerzos de instituciones de los diversos órdenes de gobierno, de la iniciativa privada, de autoridades y organizaciones religiosas, así como de la sociedad civil; de igual manera en ello han participado cientos de empresas y especialistas, así como un número importante de trabajadores herederos de las técnicas ancestrales de construcción, cuya labor es digna de destacarse y reconocerse, sin cortapisas.
Desde luego, y en todo momento lo hemos aceptado, aún existen inmuebles de alto valor patrimonial en proceso de atención, los cuales, de ninguna manera aceptamos que estén abandonados y, mucho menos, que no existan los recursos para llevar a cabo su restauración.
En muchos de los inmuebles mencionados en el reportaje, el INAH ha llevado a cabo obras de apuntalamiento, de estabilización, consolidación, protección de bienes muebles, así como diversos estudios previos a su intervención y, en varios, como el caso de Ex Convento de Tochimilco, en Puebla, citado por las periodistas, se han realizado una o más etapas de restauración.
Cabe añadir que, este año, gracias a un presupuesto histórico asignado por el Gobierno de México, tenemos programado concluir la restauración de todos los inmuebles afectados por los sismos de 2017.
La atención a los inmuebles dañados por estos fenómenos naturales significó para el INAH uno de los retos más grandes en su historia. Fue un hecho que no existían en el país suficientes empresas especializadas que pudieran atender una tragedia de esta magnitud, en términos de número de inmuebles y de daños.
No obstante, el INAH nunca ha dado la indicación, como aseguran las periodistas, “de contratar a cualquiera”. Por el contrario, siempre hemos privilegiado a las empresas que cuentan con experiencia en el ramo y, a las que no la tenían pero decidieron sumarse a las labores de restauración, se les brindó la asesoría y el acompañamiento indispensables con el fin de que pudieran realizar un trabajo con la calidad que requiere un bien patrimonial.
El objeto social de una empresa es un tema que solo compete a la misma y puede ser tan amplio como sus socios lo determinen; aún así, aquí dos ejemplos que confirman el sesgo informativo del reportaje.
En el apartado denominado “El top 12 de las empresas multichambas contratadas por el INAH”, las redactoras refieren a la empresa Prosafi Total Consulting, y señalan como su objeto social los “Servicios profesionales de asesoría y consultoría a personas físicas o morales, incluyendo asesoría contable, fiscal, legal o jurídica”; no obstante, una búsqueda simple en el Registro Único de Proveedores y Contratistas en Compranet, plataforma electrónica para consultar información sobre las empresas contratadas por el gobierno federal, especifica que esta empresa se desempeña en el sector de la “construcción” y que su giro comercial es la “Construcción, servicios, asesoría, comercialización de bienes muebles e inmuebles y auditoría”.
En otro caso, que incluso es utilizado para dar título a la entrega: “Contrata el INAH a managers de artistas y despachos fiscales para la restauración”, las reporteras aluden a la empresa Movar Construcciones, de la cual consignan como su objeto social la “Asesoría, consultoría, mercadotecnia, contratación de artistas, así como aportación de personal competitivo en cualquier rama profesional”.
Nuevamente, cualquier persona que acuda al Registro antes mencionado en Compranet puede saber que su giro comercial es la “Proyección, planeación y construcción de todo tipo de obras, residenciales, comerciales, civiles e industriales: Instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, concursos de obra gubernamentales, estatales o federales; planeación, proyección y construcción de caminos y puentes urbanos y sub-urbanos, rurales, estatales o federales; compra-venta, comercialización, importación, exportación de todo tipo de material e insumos para la construcción, pisos, azulejos, lámparas y accesorios para baños y casas: compra-venta y arrendamiento de maquinaria para la construcción; compra-venta y arrendamiento de bienes inmuebles y, en general, todos los actos relacionados y conexos con tales fines”.
Si bien es cierto que estas empresas no estaban especializadas en la restauración de inmuebles históricos, también lo es el que poseen en su historial actividades afines con la construcción y restauración de bienes inmuebles.
Es importante señalar que una condición indispensable para que las empresas pudieran participar en las convocatorias emitidas y para su eventual contratación es que contaran con personal con experiencia en la restauración de bienes inmuebles y bienes muebles. Todas ellas, en su momento, demostraron tener en su equipo de trabajo a estos especialistas.
Con ello, además, debemos enfatizar que en el INAH no ha habido favoritismo ni compromisos con empresa alguna y que en todo momento se ha buscado que los casos complejos sean atendidos por las empresas más calificadas y con mayor experiencia en la atención a inmuebles históricos.
Otra hipótesis de las reporteras igualmente falsa es que en el INAH hayamos instrumentado una política para atender los inmuebles con daños menores para, como dicen, “dar la impresión de avanzar con rapidez”. Lo cierto es que, desde el día siguiente al que ocurrieron los sismos, las instituciones culturales hemos intervenido monumentos históricos con daños menores, moderados y severos, en los once estados afectados, sin escatimar recursos técnicos, científicos, humanos y financieros.
Solo por mencionar algunos de los casi 700 inmuebles con daños severos que ya han sido concluidos y que el mismo reportaje omite, podemos enunciar a la Catedral Metropolitana, en la ciudad de México; la catedral de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas; el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, y el Ex Convento y Templo de la Natividad, en Tepoztlán, Morelos; la Catedral de Tenancingo, en el Estado de México; el Templo de Santo Domingo Petapa, en el Itsmo oaxaqueño; la Parroquia de Santiago Apóstol en Xochihuhuetlán, Guerrero; la Basílica de la Santísima Virgen, en Ocotlán, Tlaxcala; y el templo de Santa Cecilia, en Atlixco, Puebla. Todos ellos, casos de gran complejidad por sus dimensiones, nivel de afectación e importancia histórica y comunitaria.
Sin precisar fuentes, especialistas o estudios formales que respalden sus aseveraciones, las autoras señalan que “varias de las restauraciones fueron mal realizadas, con alteración de las formas y materiales originales”. Al respecto, debemos puntualizar que cada obra de restauración es precedida por un proyecto sustentado por especialistas de distintas disciplinas y que el proceso de obra es acompañado por el INAH, cuyos expertos dan testimonio de los trabajos, así como del uso de materiales y técnicas apropiadas para su desarrollo con el fin de garantizar una restauración respetuosa de la estética, historia y valor cultural del inmueble.
En la Secretaría de Cultura y el INAH siempre estamos abiertos a la crítica y sabemos reconocer cuando existen observaciones pertinentes y atendibles; lo que no aceptamos es la descalificación de un trabajo donde están involucradas muchas instituciones y profesionales de gran trayectoria y experiencia, a partir del desconocimiento de la normatividad vigente, del uso de cifras parciales y tendenciosas, y del sustento en juicios malintencionados.
En el INAH asumimos con convicción el compromiso de restaurar hasta el último inmueble dañado por los sismos de 2017, así como la responsabilidad de defender a una institución académica, que por más de ocho décadas, ha acreditado su nobleza, su prestigio y su respaldo con las mejores causas de la sociedad a la cual se debe.
Atentamente
Diego Prieto Hernández
Director General
