*** Expertos plantearon el uso de inteligencia artificial para crear bases de datos o seguir el rastro de bienes históricos traficados ilícitamente
*** Se llamó a fortalecer la diplomacia en la recuperación del patrimonio e incentivar la capacitación a instancias judiciales y aduanales
Más allá de constituir un crimen tipificado en diversas legislaciones del mundo, el tráfico de bienes culturales es un atentado contra la memoria de los pueblos, en la medida que causa daños irreparables para el entendimiento y la preservación de sus identidades.
Así lo señalaron autoridades de la Secretaría de Cultura federal y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que participaron en la mesa redonda “Diplomacia Científica. Herramienta contra el tráfico de bienes culturales”, coordinado por la arqueóloga Aura Fossati.
Organizada por el Centro INAH Estado de México, esta actividad se desarrolló durante dos jornadas virtuales, en las que panelistas, como el secretario técnico del INAH, José Luis Perea González, reflexionó en torno a esta problemática y expuso diversas herramientas para combatirla y prevenirla: “Los bienes culturales son un legado que almacena lo más bello y profundo de los pueblos que los crearon y, por ello, desde el INAH respaldamos los esfuerzos vinculados a su protección y a la devolución a sus territorios de origen”.
En su intervención, el coordinador de Derecho Internacional Público de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Salvador Tinajero Esquivel, celebró los resultados de la campaña gubernamental “Mi patrimonio no se vende”, producto de la cual se han incautado, en los últimos años, un total de 11,771 piezas patrimoniales.
No obstante, el especialista reconoció que la principal complejidad de repatriar bienes culturales es la diferencia en las legislaciones, pues mientras naciones como México instan a que los particulares demuestren que adquirieron un objeto de buena fe, otros países del Norte Global confieren esa carga a la parte demandante.
Tinajero Esquivel aclaró: “Ellos ven como una obligación nuestra el aclarar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que una pieza salió de México. Algo que es difícil de demostrar cuando se trata de saqueos”.
Al respecto, la académica adscrita al Instituto de Sistemas Complejos de Italia, Emilia Giorgetti, abundó en la necesidad de que se aumenten los tratados multilaterales tocantes a la devolución de bienes o al uso de nuevas tecnologías en favor del patrimonio. Aseguró que “la diplomacia científica puede impulsar el uso de la inteligencia artificial para crear y compartir bases de datos sobre bienes arqueológicos, o mapear las rutas que han seguido los objetos culturales saqueados”.
Asimismo, la investigadora apuntó que otras disciplinas que pueden ayudar a la recuperación patrimonial son la química, al realizar estudios de datación y autenticación de las piezas, o bien, la geología y el manejo de aguas para proteger el entorno de elementos susceptibles de saqueo.
En su oportunidad, la profesora asociada en el Departamento de Ley Criminal y Criminología de la Universidad de Maastricht, Países Bajos, Donna Yates, detalló que la inteligencia artificial, por medio de aplicaciones ya existentes como GPT3, puede usarse para dilucidar cuáles son las redes y los modus operandi de los traficantes de arte: “La meta principal cuando hablamos de tráfico ilícito de patrimonio no debe ser la repatriación de los objetos, sino evitar que sean saqueados”.
Durante las jornadas, el subdirector de Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles del INAH, Alejandro Bautista Valdespino, subrayó la necesidad de incentivar campañas de difusión que contribuyan al registro ciudadano de bienes arqueológicos, dado que este procedimiento permite tener certeza jurídica de la existencia de una pieza.
El experto también comentó que otra línea de acción que sigue el INAH es la capacitación a personal militar, de la Guardia Nacional, de aduanas o de entidades policiales y judiciales, con miras a que conozcan qué objetos son más vulnerables al saqueo, y los procedimientos a realizar para impedir los expolios de patrimonio cultural.
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