MANIFIESTO
Sobre política institucional de investigación en el INAH
29 de noviembre de 2024
Ciudad de México
Eduardo González
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia
INAH
I.
En un país como el nuestro, cultural y poblacionalmente diverso, el Estado mexicano necesita una institución como el INAH para realizar sus funciones más elementales y estratégicas. Pocas instituciones del México pos-revolucionario que hayan alcanzado una longevidad tan considerable muestran al mismo tiempo su actualidad y su vigencia. Y consecuentemente, su apremiante necesidad de renovación.
Para cumplir sus objetivos trascendentes y su histórica misión de Estado, el INAH, entre otras funciones, debe realizar investigaciones científicas, de índole teórica o aplicada, para la solución de los problemas de la población del país, así como para la conservación y el uso social del patrimonio.
Durante prácticamente toda su existencia, el Instituto ha tenido clara su misión investigativa, pero ha carecido de una política institucional de investigación que oriente y actualice esa misión. El INAH siempre ha sabido el qué, pero no necesariamente ha tenido en sus manos, como Institución, el cómo. Si ha existido una política de investigación en el INAH, ésta ha sido una política de facto pero no de iure.
Durante el periodo neoliberal, es decir, por lo menos durante los últimos 40 años, algunas de las funciones sustantivas y esenciales del Estado mexicano fueron desnacionalizadas o simplemente dejadas en el abandono, como parece ser el caso de las labores sustantivas de investigación en el Instituto.
En ese contexto, la lógica de la investigación, lejos de elevarse a una política institucional que reivindicara la función sustantiva del Estado en materia de investigación antropológica, se redujo a los designios de la así llamada “libertad de investigación”, de los usos y costumbres y de las demandas de carácter exclusivamente laboral.
Esa reducción se volvió más ominosa a causa de los elementos inherentes de esos designios, a saber, el individualismo, el productivismo, la meritocracia, las malas prácticas en el ejercicio de los recursos públicos y la violenta disputa entre pares por esos recursos en detrimento de la ética profesional, de la colegialidad y de la más elemental cortesía profesional. Aún quedan restos de discrecionalidad, individual o grupal, en el establecimiento de Programas y Líneas de investigación.
Durante las últimas décadas, gradualmente el área de investigación se apartó de la posibilidad, ya no digamos de impulsar el diseño de una política institucional de investigación, sino siquiera de reconocer su trascendencia desde los distintos centros de trabajo dedicados a la investigación.
En consecuencia, al día de hoy no existen en el área de investigación del INAH los mecanismos y procedimientos robustos de legitimación que necesita toda política institucional en el sector público.
Debemos preguntarnos, con un ánimo retrospectivo y evaluativo, cuáles son las consecuencias de una carencia tan significativa para el Instituto como lo es la falta de una política de investigación.
Necesitamos preguntarnos también, con un interés prospectivo, cuáles son las posibilidades para revertir esta situación, que más allá de una crisis coyuntural, constituye, de hecho, la condición histórica del área de investigación en el INAH.
II.
Partamos de una definición básica. La ciencia es principalmente un modo de interactuar de manera intencional y colectiva con el mundo, y sólo como derivación constituye un cúmulo de conocimientos expresados en realizaciones teóricas.
Una política de investigación reúne criterios que posibilitan la realización de la investigación científica y la orientan en sentidos concretos. Se trata de elementos de carácter simultáneamente operativo, normativo y valorativo.
En consecuencia, una política institucional de investigación para el INAH habría de entenderse como el conjunto de criterios operativos y normativos orientados a posibilitar el diseño de programas, planes, proyectos, líneas prioritarias, así como nuevas orientaciones de investigación en las especialidades antropológicas.
Si una política institucional de investigación reúne los criterios para determinar qué, cómo, cuándo, dónde y por qué investigar, entonces podemos considerar que la política de investigación es en realidad una cuestión práctica, porque tanto su planteamiento como su implementación concreta suponen necesariamente una cierta forma de organización social del trabajo de investigación.
Justamente ahí radica la genuina dimensión política de todo ello: no en un documento normativo, sino esencialmente en el trabajo socialmente necesario para que la investigación antropológica se lleve a cabo y, en consecuencia, el INAH realice las funciones que por Ley debe realizar.
III.
A partir de la publicación en 2021 del reglamento de la Ley orgánica del INAH se instalaron los consejos de área y consultivos cuyo propósito es, entre otros, precisamente el establecimiento de políticas de investigación. Pero el Reglamento se limita a establecer en qué niveles de autoridad y en qué instancias organizativas reside la atribución de establecer dichas políticas.
Al día de hoy, esa vida colegiada institucional sigue sin formar parte orgánica de las labores de investigación y, quizás más importante aún, sigue sin formar parte de los valores políticos institucionales, del personal de investigación y de las personas titulares de direcciones y coordinaciones por igual.
Claramente, no resulta fácil revertir décadas de esa carencia tan fundamental. Pero sobre una política institucional de investigación no hay sino un camino posible: hacerla.
Para encarar decididamente la cuestión de la política institucional de investigación se requiere arrojo, talento y deseo de superar la etapa fáctica del INAH que ha durado ya 85 años. Si hay un acto fundamental de libertad de investigación, ese tendría que ser justamente la elaboración de una política institucional en esta materia.
IV.
¿Cuáles son las virtudes de una política institucional de investigación?
1. Su diseño no implica para el INAH la utilización de recursos financieros. No se necesitan partidas presupuestales especiales. Sólo se necesita la voluntad de reunirse periódicamente.
2. El trabajo colegiado en torno al diseño e instrumentación de una política institucional de investigación constituye un modo excepcional de dotar de legitimidad a las decisiones y los acuerdos en materia de investigación.
3. Contar con una política institucional de investigación legitimada por la acción colegiada puede significar mayores probabilidades de éxito en la gestión de los recursos necesarios para la investigación, ante las autoridades hacendarias y del sector cultural. Los usos y las costumbres del área de investigación no sirven como moneda de cambio. Una política institucional de investigación dotada de legitimidad sí.
Y 4. El trabajo colegiado en torno al diseño e instrumentación de una política institucional de investigación supone un mecanismo de actualización permanente de todo el personal involucrado con los procesos de investigación, en cuanto a los criterios técnicos y científicos de la investigación antropológica y, crucialmente, frente a aquello que en cada momento histórico ha de ser identificado con los grandes problemas nacionales.
V.
Termino este manifiesto con un conjunto de propuestas concretas.
1. Que el Instituto aborde de manera prioritaria y urgente la cuestión de la política institucional de investigación como un ejercicio de ética pública y de reflexividad, considerando como piedra de toque los mecanismos necesarios para legitimarla.
2. Crear una red articulada de órganos colegiados dentro del área de investigación, incluyendo por supuesto el Consejo de área de investigación y el consejo general consultivo previstos por el Reglamento, para que a través de esa red de órganos colegiados fluya el proceso de discusión, diseño, actualización e instrumentación de políticas institucionales de investigación.
3. Estimular la creación de órganos colegiados en las áreas de investigación en donde éstos aún no existen para que se integren a la red antes mencionada. En la Coordinación Nacional de Antropología, por ejemplo, no existe un órgano colegiado que integre a las direcciones de especialidad y por lo tanto no existe un mecanismo colegiado que permita establecer programas de investigación o líneas prioritarias de trabajo en las distintas especialidades.
4. Que todos los órganos colegiados se conformen considerando los más altos criterios de equidad: de género, disciplinaria, etaria y contractual.
5. Combatir la endogamia institucional, la cual es un efecto pernicioso de la falta de políticas de investigación institucionales y del imperio de las políticas de facto. Resulta crucial la integración de colegas de otras instituciones y asociaciones profesionales, quienes si bien no tendrían capacidad de votar según el Reglamento de la Ley orgánica, sí podrían fungir como observadores externos que aporten desde otras perspectivas y otras experiencias a esta tarea institucional tan fundamental.
6. Hacernos públicos. El INAH es una institución pública que se financia con recursos del erario. Las reuniones de los órganos colegiados deberían transmitirse en vivo y en línea por INAH TV, para que la sociedad amplia pueda ver cómo se trabaja en el Instituto en materia de política e ingeniería institucional. Que se pueda ver la calidad de nuestro trabajo. Que se vea que aquí no hay violencia de ningún tipo, ni ninguna otra mala práctica. Sólo de este modo podremos seriamente albergar la esperanza de que sea la propia sociedad amplia quien acompañe al Instituto en la demanda de los recursos necesarios para su buen funcionamiento.
7. Finalmente, como un mecanismo de comunicación pública de la investigación antropológica, es necesaria la realización periódica de un Congreso Nacional. Así como cada año se realiza una Feria del libro para mostrar las publicaciones resultantes de la investigación, hace falta un Congreso Nacional donde se discutan cuestiones relativas a las políticas institucionales en materia de investigación, con la ambición de que dicho Congreso se convierta en un referente de las especialidades de la antropológica y de las políticas públicas en materia de investigación científica en México.
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