CAMINOS ABIERTOS HACIA EL INAH DEL FUTURO
FOROS DE DISCUSIÓN SOBRE LA CIRCUNSTANCIA Y PERSPECTIVAS DEL INAH
Temática:
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Título de la ponencia:
La protección del patrimonio cultural en Sonora y los proyectos de salvamento arqueológico
Ponentes:
Sección de Arqueología, Centro INAH Sonora (Cristina García Moreno, Júpiter Martínez Ramírez, M. Elisa Villalpando Canchola).
El estado de Sonora ha sido “favorecido” en los años recientes con el continuo crecimiento y desarrollo industrial de plantas fotovoltaicas, líneas de transmisión eléctrica, terminales de GNL, presas, nuevas carreteras o ampliación de las ya existentes, a un ritmo que obliga a solo cuatro arqueólogos de base a intervenir en la salvaguarda del patrimonio arqueológico en la modalidad de proyectos de salvamento, los que se ejecutan con recursos de terceros ejercidos sistemáticamente en especie. Entendemos que se trata de la creación de infraestructura que requiere el proceso de modernización propio de cualquier país en desarrollo o puente de recursos hacia otros destinos, como lo es México y particularmente Sonora; sin embargo nos parece que la circunstancia actual del INAH no favorece la atención expedita y oportuna de la salvaguarda de este patrimonio, demandado desde instancias presidenciales, ya que pese a que la normativa actual es precisa en cuanto a reglamentación, topa con estructuras que deben definirse de manera más precisa en cuanto a responsabilidades administrativas se refiere.
En Sonora, previo al año 2000 solo hubo un salvamento que fue atendido por la Dirección de Salvamento Arqueológico en 1996 en la Marina de Puerto Peñasco y menos de diez rescates entre 1996 y 1999. A partir del 2000 (Gráfica 1) se llevó a cabo un salvamento por año, con un considerable aumento a partir de 2014, año en que se realizaron tres: el del Acueducto Independencia que además generó el descontento de la tribu yaqui, el primer salvamento originado por la construcción de una planta fotovoltaica en Benjamín Hill y el del Gasoducto Sonora que recorre desde el límite con Sinaloa hasta el Sásabe, casi en la frontera con Estados Unidos; este salvamento además fue el primero de varios años de intervención, tres años y en él se incorporaron hasta 54 arqueólogos pasantes y titulados.
A partir de esa década se han llevado a cabo en el estado de Sonora un mayor número de obras de infraestructura, consecuencia de las reformas en materia energética, impulsadas inicialmente durante el sexenio de Calderón, consolidado durante la gestión de Peña Nieto. Dichas reformas dieron entrada a una gran cantidad de empresas internacionales al país dispuestas a invertir en parques eólicos, plantas fotovoltaicas, gasoductos y otras grandes obras de infraestructura bajo el slogan de las energías renovables o energías verdes que tramposamente se ha señalado que beneficiarán al país. Así, el Programa de Protección Técnica y Legal de Sonora se vio saturado en 2017 y 2018 atendiendo las solicitudes de liberación de grandes predios donde estas empresas construyeron, sobre todo, parques fotovoltaicos, obras que además generan otras como líneas de transmisión, subestaciones, apertura de caminos, bancos de material, etc.
En Sonora existen actualmente 11 parques fotovoltaicos, el último en Puerto Peñasco, ha sido anunciado como el octavo parque solar más grande del mundo. Su construcción fue impulsada desde el periodo presidencial anterior por el gobernador Alfonso Durazo: El Plan Sonora de Energías Sostenibles, dicho plan es la punta de lanza del Gobierno de México en el proceso de transición energética, donde el Estado de Sonora es protagonista en el aprovechamiento de “energías limpias”. Este plan representa la nueva política industrial de México, a partir de un modelo replicable basado en cuatro ejes:
1. La generación de energías limpias a partir de la construcción de plantas fotovoltaicas;
2. La creación y modernización de infraestructura estratégica para incrementar la competitividad de los puertos, aeropuertos y carreteras de Sonora;
3. El aprovechamiento de minerales críticos como son el cobre para la industria de semiconductores, y el litio para la industria de electromovilidad;
4. El capital humano, en el que están impulsando la educación superior para formar expertos en estas áreas.
Desafortunadamente no se prevé un quinto eje que debería ser crear el soporte de protección del patrimonio cultural que es afectado por la construcción de tales obras.
La publicación en junio de 2024 de la nueva Norma para la Investigación Arqueológica en México , la cual deja sin efecto los Lineamientos de Investigación Arqueológica del 19 de abril de 2017, señala en dos de sus 39 artículos que se encuentran distribuidos en cinco capítulos, el modo en que deben plantearse y verificarse las investigaciones arqueológicas. En el apartado de Salvamentos Arqueológicos (Artículos 13, 14 y 15) se señala su carácter como proyectos de investigación, estableciendo en el Inciso XVI del Artículo 14 que deberán presentar un presupuesto desglosado y el borrador de convenio correspondiente, más no los criterios que se evaluarán de dichos presupuestos.
A la par de lo señalado en la Norma mencionada sobre los salvamentos, nuestra institución ha reforzado la parte administrativa, legal y burocrática, ya que debemos ingresar también dichos proyectos en el Sistema Institucional de Proyectos. Sin negar la importancia que este control implica para dar a conocer cuantitativamente la investigación en el INAH, con lo que estamos de acuerdo, al tener que ser solo personal de base con un correo institucional quien se hace responsable, resultamos en ocasiones con cuatro o cinco proyectos en el SIP bajo un mismo investigador, aunque el proyecto en el Consejo esté aprobado a nombre de otra persona. Lo que no queda nada claro y es motivo de diversas interpretaciones es en relación a las invectivas que administrativamente impone el Consejo de Arqueología en la dictaminación de los proyectos, dictámenes que no se circunscriben al ámbito académico, sino que se aducen restricciones presupuestarias a recursos no provenientes de la federación, con criterios por sobre los lineamientos establecidos por la propia Secretaría Administrativa del INAH.
Consideramos que para poder hacerle frente a todas estas obras de infraestructura y paliar el impacto sobre el patrimonio cultural de la Nación, urge hacer más eficiente y expedita la respuesta que como arqueólogas y arqueólogos estamos obligados y capacitados a dar para la protección del patrimonio arqueológico mueble e inmueble susceptible de desaparecer o de ser afectado. Consideramos que es necesario acortar los tiempos de espera correspondientes al dictamen del Consejo de Arqueología, así como la revisión y firma de convenios, sin los cuales, no es posible comenzar el trabajo, mientras que las instituciones federales, estatales y empresas presionan políticamente para empezar la obra, poniendo en riesgo el patrimonio. También hace falta establecer con claridad las competencias administrativas sobre los presupuestos en especie de proyectos con financiamiento de terceros, ya que se nos solicita el apego a criterios que no corresponden al ejercicio presupuestal de empresas privadas o fideicomisos que son quienes ejercen en la práctica los recursos federales.
Aunado a lo anterior, la inseguridad que prevalece en diversos espacios del estado de Sonora es otro factor que ha tenido un impacto muy negativo en la protección del patrimonio arqueológico pues imposibilita la presencia institucional en muchas áreas u obliga a suspensiones temporales o cambios de estrategia previamente convenidos, lo cual, a nuestra consideración, debe ser un factor a considerarse en los convenios que se firmen para los salvamentos arqueológicos, siendo muy importante la creación y consolidación de protocolos de seguridad no sólo frente a estas amenazas, sino en el desarrollo de las investigaciones con una perspectiva de protección de derechos humanos y no violencia entre las y los participantes en esta labor sustantiva de preservación del patrimonio cultural.
No obstante los problemas que se presentan, los resultados obtenidos en los salvamentos y rescates son bastos y también han generado la oportunidad de acceder a ranchos privados, zonas apartadas y áreas de difícil acceso, contribuyendo en la recuperación de datos e información que nos han permitido corroborar o modificar planteamientos sobre historia cultural, así como recuperar información de áreas no exploradas con anterioridad y de esta forma y junto con los proyectos de investigación, nuestro conocimiento sobre el pasado prehispánico de la entidad se ha incrementado.
En resumen, nos parece que la circunstancia actual del INAH no favorece la atención expedita y oportuna de la salvaguarda de este patrimonio demandado desde instancias presidenciales, ya que pese a que la normativa actual es precisa en cuanto a sus disposiciones y que los alcances de cada área aparentemente están claros, la distinta interpretación, fin y observancia por parte de las diversas áreas sustantivas y administrativas del INAH genera un retraso y falta de eficiencia en el seguimiento de los salvamentos, lo que llega a tener como consecuencia la atención tardía y tropezada de la protección del patrimonio.