La Conservación del Patrimonio Cultural en el fortalecimiento institucional

La Conservación del Patrimonio Cultural en el Fortalecimiento institucional.

Mtra. María del Carmen Castro Barrera

Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural

La conservación del patrimonio cultural es una de las áreas sustantivas de nuestro Instituto, a su vez forma parte de una de las ocho líneas estratégicas que atraviesan los programas nacionales de conservación de los bienes muebles y muebles asociados arqueológicos, paleontológicos, históricos y documentales. Estos programas son parte del Programa Operativo Anual (POA) de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y fueron diseñados como parte de la Estrategia Nacional de Conservación de la misma dependencia. Esta herramienta metodológica fue el resultado de varios ejercicios participativos que incluyeron a diversos sectores del personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ha sido muy útil para programar y estructurar los proyectos que actualmente realizan los restauradores de la CNCPC y del INAH.

Otro elemento que quisiéramos aprovechar como Coordinación normativa son las encuestas realizadas por el Consejo de Área de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural del INAH, con las que se obtuvo información muy útil sobre la variedad de perfiles profesionales y sobre las acciones que realizan en materia de conservación del patrimonio cultural; su labor deberá reflejarse claramente en los objetivos y programación de acciones y actividades del POA Institucional con el fin de generar una política de conservación y homologación de criterios que permitan fortalecer nuestro trabajo y liderazgo del INAH. Sin embargo, para ello es necesaria la programación y aplicación oportuna de los recursos económicos, que no siempre prevén la continuidad presupuestal entre un ejercicio y otro, y retrasan o reducen los tiempos para la realización de las acciones prioritarias. Lamentablemente, con el posible anuncio de un recorte presupuestal en el 2025 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de Cultural Federal y al INAH, los programas y proyectos del INAH estarán nuevamente condicionados a un proceso de incertidumbre que en la mayoría de los casos se refleja en el desempeño institucional, dejando sin impacto a la planeación institucional a la que nos hemos referido.

Nos preocupa que, desde el punto de vista de las políticas públicas, no exista un mejor reconocimiento de que la cultura, el patrimonio cultural y su conservación son factores fundamentales que contribuyen al bienestar social y al desarrollo sostenible. Se ha comprobado que, si las políticas para el desarrollo social no van acompañadas de políticas culturales, se mantendrá un desarrollo desigual. Es necesario que los responsables de las decisiones presupuestales reconozcan esta omisión y se integre en las políticas públicas una mejor distribución del presupuesto en beneficio de las comunidades en general.

Como elemento fundamental se plantea la necesidad de dar cabida a la participación social en los programas de conservación a través de la creación y el fortalecimiento de órganos auxiliares que colaboren con acciones de conservación preventiva e impidan el saqueo y destrucción del patrimonio cultural, además de propiciar un mayor dinamismo en el cuestas realizadas por el Consejo de Área de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural del INAH, con las que se obtuvo información muy útil sobre la variedad de perfiles profesionales y sobre las acciones que realizan en materia de conservación del patrimonio cultural; su labor deberá reflejarse claramente en los objetivos y programación de acciones y actividades del POA Institucional con el fin de generar una política de conservación y homologación de criterios que permitan fortalecer nuestro trabajo y liderazgo del INAH. Sin embargo, para ello es necesaria la programación y aplicación oportuna de los recursos económicos, que no siempre prevén la continuidad presupuestal entre un ejercicio y otro, y retrasan o reducen los tiempos para la realización de las acciones prioritarias. Lamentablemente, con el posible anuncio de un recorte presupuestal en el 2025 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de Cultural Federal y al INAH, los programas y proyectos del INAH estarán nuevamente condicionados a un proceso de incertidumbre que en la mayoría de los casos se refleja en el desempeño institucional, dejando sin impacto a la planeación institucional a la que nos hemos referido.

Sin embargo, para lograr llevar a cabo este diálogo con las autoridades correspondientes, uno de los principales desafíos es determinar la forma de medir el impacto de la cultura y el patrimonio, especialmente cuando el patrimonio cultural tiende a valorarse en función de los beneficios económicos y no de los factores de bienestar social que pueden tener un impacto mucho más importante en las sociedades. Este hecho puede facilitar el camino para un mayor reconocimiento y uso estratégico de la cultura como herramienta para el desarrollo, más allá de su potencial económico.

Actualmente corremos el riesgo de no poder llevar a cabo plenamente nuestra labor sustantiva, mermada con las limitaciones que tenemos en los procedimientos administrativos que han burocratizado la contratación de servicios y adquisición de equipo e insumos, situación que desde mi punto de vista rebasa los márgenes de gestión de nuestras autoridades y que requiere ser expuesta ante las cámaras legislativas con el fin de que exista una comprehensión de nuestra labor institucional.

Hace casi treinta años, en febrero de 1996 participamos en la Cámara de Diputados en las Mesas de Análisis en Materia de Política y Legislación Cultural, las cuales fueron consideradas como el primer gran proyecto de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados del que se tiene registro. Se organizaron diez mesas, entre ellas las de “Patrimonio material e intangible” “Infraestructura, centros comunitarios y regionales” “El papel de la sociedad civil en la Cultura”. Este fue un primer esfuerzo por favorecer la discusión entre diferentes actores sociales involucrados en la producción, circulación, consumo, investigación y distribución de la cultura, que a su vez marcó una tendencia desde 1996 a la fecha en materia de política y legislación cultural. Al revisar varias de las líneas de acción y los objetivos del Programa Nacional de Cultura actual con los temas del encuentro de 1996, se puede advertir que se siguen atendiendo las mismas problemáticas. En esta amplia consulta popular participaron intelectuales, artistas, interpretes, investigadores, periodistas, responsables de cultura de los estados, diputados, senadores, estudiantes, organizaciones indígenas, restauradores, arquitectos, etc.

Algunas de las principales conclusiones fueron que la política cultural se sustenta y desarrolla en los proyectos de cultura, construidos socialmente. Se reconoció el papel vital que en la conservación del patrimonio juega la normatividad y la existencia de una ley federal que defienda el patrimonio cultural y su conservación. En aquel momento se hablaba de lo necesario que era la reglamentación de la Ley Orgánica del INAH y la creación y consolidación de sus órganos colegiados. Y se hizo hincapié en que la conservación de monumentos y sitios debe formar parte integral de los programas y planes de gobierno, tanto nacionales como regionales, estatales y municipales bajo la autorización y supervisión del INAH en los casos correspondientes. También se solicitó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público atendiera a los Institutos Nacionales INAH e INBA (ahora INBAL) para que tuvieran oportunamente las asignaciones presupuestales suficientes para el debido cumplimiento de sus funciones y responsabilidades particularmente en los artículos 10 y 19 bis de esta ley. Otra petición esencial consideraba que, para llevar a cabo las acciones de protección técnica y legal y conservación, las instituciones encargadas contarían con el suficiente recurso humano y económico que nos permita abarcar efectivamente la totalidad del territorio nacional. Es real que en muchos de estos postulados se ha ido avanzando a través de estos años, sin embargo, otros no han tenido la atención requerida o se han dificultado, por ejemplo, en el caso de la especialidad de restauración, todavía no contamos con restauradores de base en todos los Centros INAH, especialmente en el Norte del País. Es el momento de generar un nuevo encuentro con la posibilidad de que estas mesas se llevaran a cabo y poder llevar en ese espacio varias de las inquietudes, propuestas y planteamientos emanados de este foro.

Durante la instalación de la Comisión de Cultura y Cinematografía, su presidenta, la diputada de Morena Alma Lidia de la Vega Sánchez dijo que “la cultura es una herramienta poderosa para la transformación social y el desarrollo humano, razón por la cual se trabajará con el firme propósito de hacerla accesible, incluyente y transformadora.”

Por último, también es importante reconocer que la conservación del patrimonio cultural demanda recursos materiales financieros y humanos que superan las posibilidades presupuestales del sector público. Por ello, debemos impulsar la gestión cultural, como un conjunto sistemático de acciones y actividades destinadas a promover una mayor coparticipación de los estados y municipios, así como de la sociedad civil, en esta labor de interés público y compartido y de visión integradora, donde las entidades, los sectores económicos públicos y privados y otros actores en el ámbito internacional, puedan participar activamente con las aportaciones y donaciones necesarias para la conservación y mantenimiento de monumentos y mobiliario urbano. De manera paralela, es fundamental la observancia de lineamientos que fortalezcan el desarrollo de políticas de protección del patrimonio cultural en los municipios. Al INAH le corresponderá verificar que las acciones de intervención material sean las permitidas y establecidas por la normatividad vigente y atender las demandas y necesidades de la comunidad, relacionadas con hallazgos, intervenciones, saqueos o destrucción del patrimonio cultural de la nación.

La Secretaría de Cultura y el INAH a través de sus Centros INAH considerará establecer instrumentos de cooperación que favorezcan un contacto permanente que garantice la participación de los gobiernos estatales, y municipales, así como de la sociedad organizada, que propicien el flujo de recursos hacia proyectos institucionales y sociales, que pueden provenir de apoyos como aportaciones federales tal es el caso del Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) y programas como el Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (Foremoba). Para ello es necesario colaborar en la realización de proyectos de restauración, de investigación, catalogación, y rescate, así como campañas permanentes de difusión. Un ejemplo reciente de esta importantísima colaboración con el fin de resolver un objetivo común, fueron los convenios realizados para el rescate del patrimonio cultural afectado por los sismos del 2017 que requirió la participación rectora de la Secretaría de Cultura, del INAH, del INBAL, de la Dirección General de Sitios y Monumentos y de los gobiernos de los Estados, la participación de la iniciativa privada y la sociedad civil. Tenemos la convicción de que éste es el camino.

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