El investigador como agente para la incidencia social:
Interdisciplinariedad y compromiso social en el INAH contemporáneo
Milton Gabriel Hernández García y Verónica Velázquez Guerrero
1.- La urgencia de transitar del conocimiento a la transformación
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), establecido en 1939, desempeña un papel fundamental en la protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, de México. Su importancia ha propiciado el desarrollo de una estructura organizacional robusta y territorializada que integra más de 76 centros de trabajo en los estados, direcciones especializadas, museos y coordinaciones.
Las temáticas abordadas en el foro reflejan el papel del INAH como garante de la memoria, la identidad y como institución rectora en la salvaguardia del patrimonio. Su labor constante promueve el respeto por los derechos culturales y la documentación de la diversidad, contribuyendo tanto a la formación de nuevas generaciones de especialistas como a la difusión de la riqueza cultural. Todo ello con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y menos racista.
No obstante, enfrentamos un panorama desafiante, en un contexto global definido por crisis entrelazadas—como el cambio climático, las violencias bélicas, los desastres naturales y la creciente fragilidad de nuestros patrimonios y legados culturales—la antropología mexicana enfrenta un llamado urgente: ¿seremos agentes de cambio capaces de incidir para transformar realidades o continuaremos limitándonos a observar e interpretar y acompañar ciertos procesos de manera desvinculada institucionalmente?
Este es un momento decisivo, que exige una reflexión profunda sobre el papel del INAH y su capacidad para responder a las demandas de una sociedad marcada por desigualdades históricas y desafíos estructurales.
Con este panorama, esta ponencia busca analizar los desafíos centrales que enfrenta la investigación en el INAH, partiendo del reconocimiento de las necesidades presupuestales, de la burocratización, la falta de infraestructura adecuada, queremos hacer énfasis en otro desafío que esta en nuestras manos, generar una política de investigación inclusiva, colectiva e interdisciplinaria, comprometida socialmente y estratégica institucionalmente. Replantear las estrategias que articulen el quehacer sustantivo del Instituto con una visión transformadora que responda a las exigencias de nuestro tiempo.
Sin embargo, hay un rezago en cómo logramos articular la investigación en el campo antropológico a la acción institucional e incidencia directa en sectores estratégicos del gobierno. El mandato legal del Instituto, además de la salvaguarda del patrimonio, nos compromete a incidir en los grandes desafíos sociales del presente, conforme a lo establecido en su Ley Orgánica.
La Fracción VII del Artículo 2 de la Ley Orgánica del INAH es explícita: el Instituto tiene el deber de realizar investigaciones aplicadas a la solución de los problemas de la población y a la conservación y uso social del patrimonio. Este principio no es solo una directriz normativa; es un recordatorio de que la antropología debe ser, en esencia, un esfuerzo colectivo orientado al servicio de quienes más lo necesitan.
Hoy más que nunca, es imperativo recuperar y fortalecer esta vocación humanista. Esto significa fomentar la colaboración interdisciplinaria y priorizar investigaciones con un impacto tangible en el bienestar social. Desde la agroecología en el campo mexicano hasta la mediación cultural en contextos de migración y violencia, el potencial transformador de nuestra disciplina es inmenso si logramos superar el individualismo académico que frecuentemente limita nuestras prácticas.
No se trata de renunciar a la pluralidad teórica ni a la libertad de investigación, sino de encontrar un equilibrio que permita al quehacer antropológico convertirse en un recurso práctico para enfrentar las desigualdades y crisis que atraviesan el país. La preservación del patrimonio cultural es crucial, pero debe complementarse con estrategias que promuevan su uso social en beneficio de las comunidades más vulnerables. En un ejercicio participativo e inclusivo, el INAH debe retomar las demandas sociales en su plan de trabajo sexenal.
El enfoque de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) busca consolidar un sistema integrado que articule capacidades científicas y humanísticas al servicio de las prioridades nacionales. Este sexenio ha marcado un cambio significativo, ya que la Secihti reemplazará al actual Conahcyt, ampliando su alcance e impacto en términos de innovación, divulgación y vinculación social.
Este marco político invita a instituciones como el INAH a repensar su labor investigativa desde una visión interdisciplinaria y orientada al impacto social y cultural. La consolidación de los Programas Nacionales Estratégicos refuerza la importancia de proyectos con incidencia comunitaria y la incorporación de saberes locales en la producción de conocimiento.
2.- El INAH y la Antropología: Una Historia de Vocación Social y su Renovación Necesaria
A lo largo de la historia de la antropología en México, nuestra disciplina ha tenido un marcado interés por los problemas sociales, especialmente en lo que se refiere a los pueblos indígenas, afromexicanos y los sectores rurales. Sin embargo, la ciencia antropológica, por demasiado tiempo, se ha refugiado en un purismo académico que ha preferido el pensamiento crítico pero pasivo, sobre la intervención real en los procesos de cambio social.
Es preciso recuperar la tradición de la antropología como una disciplina aplicada, comprometida con las causas sociales y capaz de incidir directamente en las políticas públicas, es ahora más urgente que nunca. Desde el INAH, debemos repensar nuestro papel como servidores públicos y como agentes de cambio social. Esto implica no solo documentar y preservar la diversidad cultural, sino también contribuir activamente a las agendas nacionales estratégicas: desde el diseño de políticas públicas que atiendan los sectores más vulnerables, hasta la implementación de proyectos interdisciplinares que promuevan el bienestar social y la equidad. La labor del acompañamiento con quienes luchan, ha sido nuestra vocación, pero es necesario además posicionarnos en los niveles de incidencia desde el Estado.
Uno de los campos más relevantes en este sentido es el de los peritajes culturales, donde los antropólogos, lingüistas e historiadores del INAH han desempeñado un rol decisivo en el reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos indígenas y afromexicanos. Estos peritajes se han convertido en una herramienta clave para confrontar el despojo y la marginalización de estos grupos, proporcionándoles respaldo en los tribunales y otros espacios de justicia.
Además, la documentación etnográfica para el rescate de prácticas tradicionales y el enfoque biocultural han sido agendas prioritarias dentro de los proyectos impulsados por el INAH. La vinculación del INAH con tales agendas responde a la necesidad urgente de pensar en alternativas frente a las dinámicas extractivistas que impactan en las comunidades rurales y en los pueblos originarios.
Las oportunidades de incidencia del INAH en este sentido se dividen en dos grandes áreas de acción, que ofrecen una plataforma para contribuir de manera más directa a la transformación social y política en México.
a) Incidir en la política pública en atención a grupos y sectores vulnerables con un enfoque intercultural, interseccional e histórico
Uno de los grandes desafíos que enfrentan los pueblos originarios, los afromexicanos, las mujeres, los campesinos y otros grupos vulnerables es la construcción de políticas públicas que reconozcan y respeten su diversidad cultural, histórica y social. En este sentido, la participación del INAH en el diseño de políticas públicas es clave para garantizar un enfoque intercultural e interseccional que no solo reconozca la diferencia, sino que también la valore y proteja frente a las imposiciones externas. Esto incluye la capacitación de funcionariado público en temas de diversidad cultural, memoria histórica y derechos humanos, para que los servidores públicos puedan trabajar con una comprensión más profunda y respetuosa de las comunidades con las que interactúan.
La mediación y la vinculación interinstitucional son fundamentales para garantizar que las políticas públicas sean inclusivas y respeten los derechos de las comunidades. Los investigadores del INAH pueden desempeñar un papel clave al articular las instituciones gubernamentales con las organizaciones de la sociedad civil, actuando como puentes entre ambas esferas. En este contexto, los proyectos de ciencia de frontera, que integren disciplinas como la antropología, historia, arqueología y lingüística con redes de investigación en ecología, estudios de género, economía y geografía, son esenciales. Estos marcos interdisciplinarios y transdisciplinarios facilitan la generación de agendas y acciones integrales y participativas, necesarias para abordar los grandes desafíos del México actual.
b) Acompañar movimientos sociales y proyectos alternativos de base comunitaria
El INAH ha desempeñado un papel fundamental en el acompañamiento de procesos autonómicos, así como en las luchas y resistencias sostenidas por comunidades originarias y organizaciones de la sociedad civil. Estas acciones han incluido la elaboración de diagnósticos que fortalecen las agendas de la sociedad civil organizada y la sistematización de los procesos de los movimientos sociales. Estas actividades son esenciales para visibilizar las dinámicas de resistencia frente al despojo territorial, las violencias estructurales y los procesos de patrimonialización que, en muchos casos, implican nuevas formas de despojo.
Sin embargo, gran parte de este trabajo proviene de la voluntad individual de investigadores comprometidos que han establecido relaciones sólidas con las comunidades con las que trabajan. Esto resalta la necesidad de que el INAH genere procesos institucionales que acompañen, fortalezcan y coordinen estos esfuerzos fragmentados, consolidando un marco de acción más amplio y sostenible en el plan de trabajo sexenal.
En colaboración con actores sociales, el INAH puede consolidar su rol en la denuncia de los mecanismos de despojo y violencia estructural perpetrados por empresas transnacionales y actores privados. La producción y divulgación de estudios, informes y análisis ya ha demostrado su impacto al visibilizar estas injusticias. Un enfoque institucionalizado podría amplificar esta labor, fomentando una conciencia social que impulse los cambios estructurales necesarios para salvaguardar los derechos de los pueblos originarios.
Asimismo, la divulgación y sensibilización sobre los derechos culturales deben consolidarse como prioridades estratégicas dentro del marco institucional del INAH. Proyectos de difusión, conferencias, publicaciones y actividades formativas ya se realizan, pero institucionalizar estos esfuerzos permitiría que los investigadores contribuyan de manera más integral al fortalecimiento de la memoria colectiva y al empoderamiento de las comunidades. Esto no solo reafirmaría el compromiso del INAH con la justicia social y la defensa de la diversidad cultural de México, sino que garantizaría una acción más efectiva y coordinada frente a las múltiples amenazas que enfrentan estas poblaciones.
3.- El campo mexicano como eje de transformación cultural
Elementos para una agenda de investigación antropológica en el mundo rural
Es importante señalar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, que se elaboró en el marco del primer gobierno de la llamada Cuarta Transformación, se planteó como uno de los ejes medulares el “rescate del campo mexicano”. Uno de los componentes de esa estrategia sería alcanzar la “autosuficiencia alimentaria” y el “desarrollo de las comunidades rurales”. Para ello se desarrolló el planteamiento de fomentar la organización autónoma y autogestiva de comunidades, pequeños productores y pobladores rurales a nivel local y regional, por lo que se convertirían en sujetos de apoyo “para su desarrollo y fortalecimiento organizativo”. También se propuso diseñar e implementar políticas para la diversificación de cultivos, actividades e ingresos de los pobladores del campo, reconociendo además las aportaciones culturales y ambientales que proporcionan a la nación las comunidades campesinas e indígenas. Se propuso una acción gubernamental orientada a fortalecer las actividades productivas agroecológicas y las prácticas tradicionales, enriquecidas por medio de un diálogo de saberes entre los conocimientos científicos y tecnológicos modernos, así como nuevos enfoques epistemológicos para revalorar la “agricultura de pequeña escala campesina”.
Respecto a lo que podría ser una agenda mínima de investigación en el INAH y en otras instituciones académicas sobre el campo en México, en el contexto de las transformaciones en las políticas públicas que dieron inicio el primero de diciembre de 2018, las investigaciones antropológicas podrían contribuir significativamente al proceso de cambio si desde una perspectiva etnográfica se realizaran diagnósticos sobre los impactos socioculturales generados por lo que durante décadas fue la tendencia dominante en las políticas de desarrollo rural.1 Nos referimos a aquellas inspiradas en la Revolución Verde, así como el extensionismo agropecuario convencional, la implementación de agrotóxicos como plaguicidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes, además de los programas asistencialistas. Por otra parte, también sería de mucha utilidad realizar estudios cualitativos sobre el impacto social y cultural de la devastación socioambiental que han generado los megaproyectos de desarrollo turístico, minero, de infraestructura, de fracturación hidráulica, así como los monocultivos, las plantaciones de palma africana, las ciudades rurales e incluso programas federales que han tenido efectos colaterales en la dieta tradicional campesina, como la “Cruzada Nacional contra el Hambre”.
Para la instrumentación de los diferentes programas dirigidos al campo por instituciones como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (sader, antes sagarpa), podrían ser útiles los estudios etnográficos que den cuenta de las diferentes formas de organización social de los productores en las diversas regiones del país, pues no se pueden seguir diseñando e implementando las políticas públicas bajo la idea de que los campesinos de las diferentes latitudes son todos iguales y comparten las mismas problemáticas con otros actores del mundo rural, como los pescadores ribereños. La información que generen las investigaciones antropológicas sobre diferentes aspectos del campo mexicano permitiría contar con insumos para la formulación y operación de las políticas públicas, reorientando el gasto a partir de un enfoque territorial y descentralizado, focalizado también en las familias campesinas como actores del territorio y no sólo en las Unidades de Producción Rural (upr), que en muchas ocasiones terminan desintegrándose por conflictos internos. De gran relevancia, sobre todo en el momento actual de cambio político, sería la realización de un diagnóstico sobre la operación de la burocracia en el mundo rural, la duplicidad de funciones entre diversas dependencias, así como dar cuenta de la frecuente inoperancia de las reglas de operación de los programas institucionales.
Por otro lado, es fundamental aportar estudios etnográficos sobre la pobreza rural y el impacto de los programas que se han diseñado para combatirla, valorando su incidencia en la construcción de la autosuficiencia alimentaria, los procesos migratorios o el envejecimiento de la población en el campo. También es necesario realizar diagnósticos etnográficos sobre el desempleo y subempleo rural y el papel que las políticas laborales han tenido y podrían tener en el caso de los jornaleros agrícolas. Al respecto se han realizado importantísimas investigaciones que sin duda constituyen un relevante diagnóstico sobre las problemáticas de los jornaleros desde hace varias décadas, lo que podría aportar valiosa información para el diseño e instrumentación de programas específicos orientados a garantizar el respeto a los derechos laborales y sociales de este sector que enfrenta altos niveles de vulnerabilidad.
Un tema que cobra relevancia, es el acceso a la tierra de las mujeres que han vivido históricamente una violencia patrimonial. La relación entre autonomía, territorio y gestión de los comunes, así como el enfoque en la bioculturalidad y los planes de vida comunitarios son temas relevantes en este gran campo de investigación.
No olvidemos que buena parte de la etnografía mexicana ha reunido un enorme acervo de información sobre la agricultura campesina, que sin duda podría ser de gran utilidad para aportar elementos técnicos a las acciones de fomento a las culturas alimentarias relacionadas con los maíces criollos y su rica diversidad de productos, tanto tradicionales como innovadores. En este sentido es fundamental la colaboración de los centros públicos de investigación a partir de la articulación con los conocimientos de los productores y comunidades a través de un diálogo de saberes.
Por otro lado, una deuda pendiente de las ciencias sociales en México, con un gran potencial heurístico para la antropología, es la realización de una investigación etnográfica a diferentes escalas espaciales sobre el impacto social, cultural y ambiental que han tenido las reformas estructurales neoliberales, cristalizadas en las modificaciones al artículo 27 constitucional y a la Ley Agraria que se realizaron a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Pensamos que la agenda de investigación antropológica en temas relacionados con el campo mexicano debe tener un nuevo impulso y una relevante utilidad social en el marco de una política nacional de desarrollo rural orientada a lograr el mejoramiento del nivel de vida de los productores agropecuarios. Serán de vital importancia las acciones orientadas al fortalecimiento que se logre para estas temáticas en escuelas, universidades y centros de investigación en ciencias antropológicas, pero también en otros espacios no académicos en los que se desempeña la mayor parte del gremio antropológico.
El horizonte de la antropología aplicada en el mundo rural
Como es sabido, los profesionales de la antropología no se dedican sólo a tareas académicas. Muchos se desarrollan en diferentes ámbitos de la “antropología aplicada”, que en México ha estado ligada en diversos momentos de su historia a la instrumentación de políticas estatales dirigidas a diferentes tipos de población. Muchas de estas políticas han sido verticales, coloniales y unidireccionales. En nuestro país, la antropología aplicada ha estado fuertemente asociada al indigenismo. Tuvo su origen en las investigaciones de Manuel Gamio en el Valle de Teotihuacán (1922). De manera planificada, este tipo de antropología tuvo su mayor concreción como política de Estado a través de las acciones del Instituto Nacional Indigenista (ini). De hecho, a iniciativa de este instituto se formó una comisión para fundar un Departamento de Antropología Aplicada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah) en 1951, cuyo fin sería “combinar la actitud científica con las habilidades necesarias para transformar el conocimiento en principios de acción práctica” (Ramírez, 2011: 85). Es claro que desde hace varias décadas la antropología aplicada se ha venido diversificando de tal manera que ya resultaría imposible reducir su ejecución al contexto del indigenismo.
El debate en torno a la pertinencia de la aplicación de la antropología para la resolución de problemas sociales tiene una larga data. Este debate ha estado acompañado del viejo dilema expresado en la interrogante: ¿intervenir o no intervenir?2 En México, la disyuntiva se ha estructurado en torno a lo que considero una falsa dicotomía: antropología académica versus antropología aplicada. Más allá de esta polémica y aun cuando pareciera que el cauce de este debate es irresoluble, la realidad laboral de muchos antropólogos y antropólogas les exige “intervenir” desde el ámbito de la acción institucional civil o gubernamental.3
En el ámbito rural, las antropólogas y los antropólogos de México, particularmente quienes trabajamos en Centros INAH del interior del país, tenemos la posibilidad de realizar investigación colaborativa con comunidades campesinas e indígenas en diferentes procesos y proyectos, como los Ordenamientos Ecológicos Comunitarios (oec), que se vienen realizando desde hace varios años por iniciativa propia o de alguna institución municipal, estatal o federal. Salvo en ciertas excepciones, el enfoque desde el que se realizan estos ordenamientos, necesarios para la conservación, protección y defensa de los bienes comunes y los territorios, suele contener criterios puramente biologicistas, dejando de lado aspectos culturales. La antropología social y los estudios etnográficos pueden aportar a los ordenamientos la perspectiva de los actores locales sobre sus propios territorios, lo que sin duda abonaría a que los intereses y expectativas de las comunidades no queden silenciados en estos instrumentos jurídicos que están reconocidos jurídicamente en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (legeepa). De hecho, el PN 2018-2024 propuso incorporar la “planeación socioambiental del territorio” como un instrumento de política pública, que implicaría la implementación del ordenamiento territorial participativo para identificar qué tipo de proyectos son viables social, cultural y ambientalmente en una región determinada. Ello permitiría blindar los territorios rurales y urbanos de proyectos o megaproyectos que no tuviesen viabilidad socioambiental y que sólo provocarían deterioro ecológico.
De igual manera, en las Evaluaciones Rurales Participativas (erp) que se realizan en comunidades campesinas e indígenas para la elaboración de planes y programas locales o regionales de desarrollo rural sustentable, los y las antropólogas del INAH tenemos mucho que aportar, tanto en la fase de diagnóstico de problemáticas socioambientales, como en la de formulación y priorización de alternativas. Sobre todo, porque la metodología de este tipo de diagnósticos busca privilegiar la percepción de los actores locales en torno a las problemáticas comunitarias y regionales. Por otro lado, los estudios etnográficos contienen bancos de información sociocultural que se ha producido en procesos de investigación menos breves y superficiales que las erp. Al respecto, los profesionales de la antropología pueden aportar sus conocimientos y habilidades etnográficas para identificar a los actores comunitarios que podrían ser clave en los procesos de desarrollo local y regional, tomando como fundamento los intereses y las perspectivas emic.
En el ámbito de la conservación de los ecosistemas, las y los antropólogos del INAH también podemos contribuir con importantes aportaciones. Por ejemplo, en el universo de las llamadas Áreas Naturales Protegidas (anp´s). La gran mayoría de ellas, ya sean del ámbito federal, estatal o municipal, suelen contar con Planes o Programas de Manejo que se han elaborado a espaldas de las comunidades que las han habitado históricamente y que desarrollan sus actividades productivas o ceremoniales en ellas. Por ende, tampoco han sido considerados sus conocimientos sobre el entorno ni las prácticas ancestrales que precisamente han hecho posible la conservación tanto de aquellos “recursos naturales” como de la biodiversidad que en sus territorios se reproduce. En los procesos de elaboración o de actualización de esos Planes y Programas de Manejo, la antropología tiene un gran potencial, pues muchos estudios etnográficos han documentado precisamente esos conocimientos y esas prácticas, los cuales deberían ser considerados seriamente por las autoridades ambientales.
También podemos trabajar con aquellas comunidades rurales que han decidido destinar una parte de su territorio para convertirla en un Área Protegida Comunitaria (apc). Existen al menos dos tareas básicas con las que las y los antropólogos podemos contribuir: en la elaboración del Estudio Técnico Justificativo, que requiere de ciertos contenidos en torno a la historia, la organización social y la cultura de la comunidad en cuestión. En estos documentos también se puede incluir información sobre posibles lugares sagrados o rutas procesionales que deben ser considerados en la cartografía y en la poligonal que se busca conservar.
En segundo lugar, una vez que la comunidad ha decretado en asamblea e incluso registrado ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (conanp) su área de conservación, según lo establece la legeepa, el o la profesional de la antropología puede trabajar articuladamente con profesionales de la biología y de la geografía para la elaboración del Plan de Manejo del apc, que no es otra cosa que la relación de actividades permitidas y prohibidas dentro del predio destinado a la conservación, así como las estrategias para el aprovechamiento de los bienes comunes, incluyendo temporalidades, zonas de uso tradicional, conservación e incluso restauración de los ecosistemas. Los Planes de Manejo de un apc son instrumentos jurídicos no sólo para la conservación sino para la defensa de los territorios comunitarios frente a diversas amenazas, particularmente cuando se trata de megaproyectos de infraestructura o de tipo extractivista.4
En otros casos, es posible la participación de la antropología colaborando con ejidos o comunidades agrarias en la elaboración de los Planes de Manejo Forestal que se requieren para que las autoridades ambientales den luz verde a este tipo de aprovechamientos maderables y no maderables. De esta manera se podría fortalecer una política forestal que ponga el acento en las más de mil empresas forestales comunitarias (efc) ya establecidas en México y la creación de nuevas, además de ampliar las áreas bajo manejo forestal comunitario maderable y no maderable en más ejidos, comunidades y pequeños propietarios. Desde la investigación etnográfica sería un gran aporte documentar el aprovechamiento campesino e indígena de los ecosistemas forestales no comerciales y de los productos forestales no maderables, así como las experiencias exitosas, que suman cientos a lo largo y ancho del país.
4.- Reflexiones finales: Hacia una renovación y misión social en tiempos de transformación
Identificamos áreas clave para fortalecer la investigación
I. Fomentar el trabajo colectivo
Impulsar cuerpos colegiados que articulen líneas de investigación y promuevan el intercambio interdisciplinario, integrando temáticas urgentes y estratégicas para las regiones, el patrimonio cultural y las problemáticas sociales prioritarias.
II. Rediseñar el SIP.
Reformar el SIP para visibilizar líneas colectivas, proyectos estratégicos y fortalecer la vinculación con políticas públicas e instituciones académicas, nacionales e internacionales.
III. Diversificar temáticas.
Promover investigaciones en áreas desatendidas, como estudios de impacto social y cultural, antropología de la violencia y forense, desplazamiento de lenguas indígenas, cuestiones ambientales y de desastres, problemáticas del campo y buscar transversalizar el género y el enfoque interseccional en las investigaciones contemporáneas.
IV. Fortalecer la capacitación y el diálogo interno.
Generar espacios de reflexión y formación continua para los investigadores, que fortalezcan su capacidad de incidir en la toma de decisiones y en la definición de prioridades institucionales.
Un diagnóstico crítico de la situación actual
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) enfrenta una desconexión y falta de diálogo entre sus diversas áreas de conocimiento, como la antropología social, la arqueología, la historia y la lingüística. Esta desarticulación se extiende también a las áreas de monumentos, conservación, divulgación, gestión y museografía, lo que limita su capacidad de ofrecer respuestas integrales a los problemas sociales, culturales y ambientales que aquejan al país.
La sectorización y la operación aislada de estas disciplinas conllevan riesgos importantes: soluciones parciales, desconectadas de las realidades de las comunidades y de las necesidades de las poblaciones más vulnerables. En estos tiempos de crisis y transformación, el INAH corre el peligro de convertirse en una institución encerrada en fronteras disciplinares y laborales, cuando más se necesita un enfoque interdisciplinario que priorice la articulación y la vinculación social.
La necesidad de una misión renovada y socialmente pertinente
El INAH, como institución pública financiada por recursos del pueblo, debe asumir un rol más activo en la construcción de políticas públicas transformadoras. Es indispensable recuperar una misión social que entienda la memoria y el patrimonio cultural como herramientas para la transformación. La labor del INAH no debe limitarse a la preservación de tradiciones o bienes culturales, sino orientarse a buscar soluciones concretas y colaborativas que mejoren las condiciones de vida de las comunidades.
Propuestas estratégicas para un INAH transformador
- Modelo organizativo interdisciplinario:
Se propone establecer equipos de trabajo interdisciplinarios, este enfoque permitirá que el INAH se consolide como un actor clave en la elaboración de políticas públicas.
- Replantear a nivel de las agendas públicas la visión de cultura
Promover investigaciones que conecten el patrimonio con la crisis climática y diseñar proyectos de conservación enfocados en la biodiversidad cultural y biocultural serán acciones clave para enfrentar desafíos globales desde una perspectiva local.
Ética, tecnología y justicia epistémica
Es fundamental establecer códigos éticos que garanticen una representación equitativa de los saberes locales, además de fomentar plataformas digitales accesibles que difundan los recursos del INAH. Asimismo, se propone un observatorio que evalúe el impacto social de los proyectos en las comunidades.
La justicia epistémica debe ser un principio fundamental en la investigación antropológica en un México diverso y plural. No basta con generar conocimiento desde la academia; es necesario reconocer y respetar los saberes locales, indígenas y campesinos. La co-creación de conocimiento con las comunidades debe ser el eje de cualquier proyecto, buscando transformar la realidad de manera equitativa y respetuosa, siempre con un compromiso ético hacia las comunidades y sus formas de producción y circulación de conocimiento.
Disciplinas como la etnografía, etnohistoria, sociolingüística y etnoarqueología deben trabajar junto a las comunidades, no como observadores, sino como aliados que generan conocimiento traducido en políticas públicas que respeten la diversidad cultural y promuevan la interculturalidad.
Inspiración y modelos de co-construcción
Siguiendo ejemplos como el del doctor Eckart Boege, quien ha trabajado en la co-construcción de planes de vida con comunidades indígenas, se sugiere implementar un plan estratégico para el INAH. Este debe integrar las visiones de los diversos sectores y áreas del INAH, sociedad civil y pueblos originarios, en un ejercicio participativo que reposicione al Instituto como un motor de cambio social y cultural.
Hacia un futuro más justo y equitativo
El INAH no puede seguir limitándose a observar y documentar las injusticias del mundo. La antropología debe ser un saber transformador, capaz de ofrecer soluciones prácticas y diseñar políticas que mejoren la vida de las comunidades rurales, indígenas y afromexicanas, y de la sociedad en general.
Es imperativo que el INAH asuma su responsabilidad histórica y proyecte su misión hacia los próximos años y décadas. Este proceso de renovación no es solo un reto institucional, sino un compromiso ético con la sociedad y las generaciones futuras.
Este es un llamado a la acción: juntos, tracemos el destino del INAH como una institución renovada y comprometida con la atención y la solución de los grandes problemas nacionales.