Taller por la Defensa de los Territorios. Foto: Mauricio Marat, INAH.

 

*** Analizan los cambios legislativos en relación con la protección de la diversidad biocultural y los conocimientos comunitarios en contextos de despojos

 

*** El ingeniero en biotecnología Emmanuel González Ortega presentó un análisis de la Ley Federal de Variedades Vegetales para aproximarse al caso de semillas


 


La violencia vivida por las comunidades indígenas y campesinas que defienden sus territorios y sus culturas frente a proyectos extractivos, turísticos y de infraestructura, ha movido a científicos sociales de diversas instituciones para hacer un análisis profundo de las iniciativas de ley de propuesta reciente, a partir de preguntarse si éstas representan un avance en el reconocimiento de derechos de los pueblos o son un medio más para despojarlos de sus conocimientos, bienes comunes y territorios.


Antropólogos, juristas, lingüistas e historiadores de instituciones académicas como la UNAM, CIESAS, IPN y del Colegio de Antropólogos, que integran desde 2017 el Taller por la Defensa de los Territorios se reunieron este día en la sede de la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para debatir acerca de los cambios legislativos relacionados con la protección de la diversidad biocultural y los conocimientos comunitarios en contextos de despojos.


Durante esta jornada, entre otros aspectos se discutieron los alcances y limitaciones de las propuestas para normar y proteger la diversidad biocultural y los conocimientos comunitarios; el vínculo entre el marco jurídico nacional e internacional; los riesgos y contradicciones de las figuras de propiedad intelectual, patentes, derechos de obtentor, sistemas sui generis, así como de los regímenes de acceso o contratos y beneficios, y se consideró la posibilidad de concretar una alternativa de protección desde la autonomía y la libre determinación de los pueblos.


Los estudiosos pusieron en tela de juicio recursos jurídicos como la reciente iniciativa de modificación a Ley Federal de Variedades Vegetales, la iniciativa de Ley Federal para el Fomento al Maíz y la Ley sobre Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanos, que podría ser aprobada en el tercer periodo extraordinario de sesiones, a partir del 27 de junio, ante la que consideran tomar una posición colectiva.


En respuesta a la pregunta de si estas iniciativas de ley representan un avance en cuanto al reconocimiento de derechos de los pueblos o son un medio más para despojarlos de sus conocimientos, bienes comunes y territorios, abrió el debate el ingeniero en biotecnología Emmanuel González Ortega, de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) del Conacyt, quien abordó el caso de las semillas


El investigador presentó un análisis de la Ley Federal de Variedades Vegetales para aproximarse al caso de las semillas, titulado ¿Semillas, medios para la autonomía y comunidad o mecanismos de control? En este contexto, dijo, es indispensable considerar que hay una presión internacional que usa diferentes herramientas con el objetivo de privatizar las semillas.


Es decir, tener control para que se ejerzan mecanismos que metan a las semillas, una de las formas de patrimonio de los pueblos, en una dinámica comercial, explicó; por ejemplo, las leyes de patente sobre material biológico, las de certificación de semillas y aquellas de comercialización de semillas, y otras normativas de seguridad y del orden fitosanitario, es decir, tener control sobre el tipo de semillas, la calidad o normas para las “buenas” prácticas agrícolas.


González Ortega destacó como punto fundamental la legislación que otorga protección de variedades vegetales, es decir, los derechos de una persona, que puede ser un investigador en fitotecnia, un agrónomo o una compañía semillera, sobre una planta para fines comerciales.


El marco de estas leyes que están concatenadas para llevar a la privatización de las semillas es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), organización intergubernamental que pone el marco para decidir las normas que llevan los derechos de extensión y de acreditación de las diferentes semillas y variedades vegetales que se van generando a nivel internacional y tener un registro.


La convención internacional ha tenido diferentes versiones, la primera en 1961, ha tenido tres reformas y la más reciente de 1991 fue polémica, porque pone condiciones que a la mirada de comunidades campesinas productoras y organizaciones internacionales, peligra la naturaleza de los productores, por puntos como limitar el derecho de los agricultores a intercambiar o guardar semillas y a la derivación esencial de variedades, es decir, limita el derecho de evolucionar sus variedades de semillas.


Otra cuestión es la afectación a la diversidad genética de los cultivos, en tanto que la historia de los cultivos domesticados se da en contextos social, geográficos, históricos, sociológicos y antropológicos muy particulares, en la convivencia de las comunidades con el medio natural para evolucionar las plantas silvestres. A partir de esta idea, México es centro de origen y diversidad de aproximadamente de 15 por ciento de plantas que se consumen a nivel mundial.


  Por lo anterior, lo que está en disputa pone en grave riesgo la continuidad de los pueblos en su quehacer milenario, además de la pérdida de soberanía a causa de la producción de alimentos, pues la producción de semillas está quedando en manos de unas cuantas compañías. Cuatro compañías controlan el mercado global de la producción de semillas, tanto transgénicas como no transgénicas; “si las cosas continúan así, cualquier agricultor productor del tamaño que sea progresivamente tendrá que depender de las compañías para producir alimentos, dijo el ponente”.


También participaron Diana Milena Murcio Riaño, destacada abogada de origen colombiano con experiencia profesional ligada a la promoción y defensa de los derechos humanos, relacionados con lo ambiental y la naturaleza; y el abogado y politólogo Raymundo Espinoza Hernández, asesor de diversos procesos colectivos de defensa del territorio y protección del medio ambiente.


El Taller para la Defensa de los Territorios, impulsado por la Dirección de Etnología y Antropología Social (DEAS) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), está integrado por investigadores de varias instituciones, preocupados ante la violencia vivida por las comunidades indígenas y campesinas que defienden sus territorios y sus culturas frente a proyectos extractivos, turísticos y de infraestructura.


“Es un taller porque desde el principio de las reuniones se ha buscado la participación de los actores sociales”, explica Rosa María Garza, investigadora de la DEAS, en tanto que una de sus principales finalidades es acompañar a los pueblos y comunidades en su lucha por su territorio y cultura, a la fecha han participado representantes de comunidades de la Sierra Norte de Puebla, La Montaña de Guerrero y la Sierra Tarahumara de Chihuahua. 


El colectivo de académicos considera que las implicaciones de este tipo de despojos a corto y largo plazo afectan a todos y a las próximas generaciones, además de poner en grave riesgo la riqueza biocultural del país, en tanto que los territorios defendidos se ubican frecuentemente en regiones cuya biodiversidad representa el último bastión de la preservación ambiental de México, pues parte de ellas están situadas en cuencas hidrológicas, así como en Áreas Naturales Protegidas y Reservas de la Biosfera.


De acuerdo con Rosa María Garza, coordinadora del taller, se tienen calculados más de 500 territorios afectados en todo el país. Ejemplos de ellos son la problemática por el agua de las tribus yaquis cercanas al río que les da nombre, y las salinas y sitios sagrados de los o´odham en la bahía de Adair, en el Golfo de Santa Clara, Sonora.


Los científicos sociales consideran que se trata de una ofensiva hacia las comunidades indígenas y grupos socioculturales poseedores de bienes y saberes codiciados, a sus sistemas tradicionales de impartición de justicia y sus órganos representativos, a sus territorios y lugares sagrados, todo lo cual representa la condición límite para la existencia de los grupos humanos y la vida misma que podría desembocar en un etnocidio.


Es así que desde noviembre de 2017 se reúnen en el Taller para la Defensa de los Territorios, con la finalidad de establecer un espacio colectivo de análisis, difusión y acompañamiento a los grupos que se oponen al despojo territorial y cultural. En este espacio intercambian experiencias de acompañamiento académico y político que se han generado en torno a los movimientos en defensa del territorio, e impulsan un proceso de articulación entre aquellos grupos académicos, investigadores, colectivos y organizaciones sociales e indígenas que se encuentran comprometidos con la defensa del territorio y de su patrimonio cultural.


También buscan crear estrategias comunes para la defensa de los pueblos afectados, en las cuales las aportaciones científicas enriquezcan y fortalezcan la defensa social, política y jurídica, articulando el conocimiento académico con los procesos de resistencia, y generar estrategias de comunicación dirigidas a distintos sectores de la población para informar sobre estos proyectos, sus implicaciones y posibles alternativas.

 

 

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Gabriel Ulises Leyva Rendon

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