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Participan especialistas en etnografía, antropología, historiadores, etnohistoriadores, etnólogos y lingüistas, del INAH, UNAM, UAM. Foto: Melitón Tapia, INAH.

 

*** Ordenamientos fundamentales para la salvaguarda de la sociedad, como la Ley General de Protección de Datos Personales, paradójicamente impiden a la antropología desarrollar conocimiento

 

*** Los investigadores analizan, entre otros aspectos, la posibilidad de promover una iniciativa de modificación a la ley que adicione como caso de excepción los estudios sociales


 

 

Durante las Primeras Jornadas de Antroponomástica, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, en el mes de julio de 2018 se presentó por primera vez el caso de un proyecto de investigación en Ciencias Sociales que tuvo que ser cancelado a causa de la legislación sobre la protección de datos personales.

 

La investigación se titulaba “El Sistema antroponímico de San Pablito”, su objeto de estudio eran precisamente los nombres y apellidos de los habitantes de esa comunidad del municipio de Pahuatlán de Valle, Puebla, desde la época más remota que se pudiera consignar hasta la actualidad.

 

San Pablito es una comunidad integrada por alrededor de cuatro mil habitantes, artesanos y comerciantes, hablantes de otomí que están en movilidad en todo el país, e incluso otro porcentaje de población ahora vive como migrante en California, Estados Unidos, lo que complica solicitar a cada uno de ellos autorización personalizada para investigar su nombre y apellido.

 

El autor del proyecto, el lingüista Francisco Peral Rabasa, quien coordina el Seminario Interinstitucional de Onomástica, de la Dirección de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en este momento ya no puede levantar información para su investigación, no solo porque ya no tiene acceso al registro civil, sino por la obligación que tiene con los datos ya recabados. En aquel foro abrió el debate sobre el tema ante sus colegas estudiosos de la onomástica, y coincidieron en que la problemática para construir datos es generalizada.

 

La onomástica, explica Peral Rabasa, se encarga del estudio de los nombres. Sobrevive en áreas como la antroponimia, relativo al nombre de las personas, y la toponimia, a los nombres de lugares. Un nombre, dice, es muchísimo conocimiento de la sociedad, de los grupos humanos; por ejemplo, permite estudiar la denominación que realizan los diferentes pueblos, lo que revela cosas de su cultura, rituales, etcétera.

 

Para los legisladores, el nombre es aquello que identifica a un individuo y que por tanto debe ser protegido a ultranza; y para los antropólogos, lingüistas, sociólogos e historiadores es en unos casos objetos de estudio, y en otros, lo que da sentido a sus demás datos y fuentes de información.

 

Los expertos consintieron que existe un problema y debe ser resuelto, decidieron entonces tres acciones: crear un grupo académico que analizara y actuara en consecuencia; promover la discusión sobre el tema entre las diversas disciplinas sociales, históricas y antropológicas e incluso legales, y buscar un diálogo con el Poder Legislativo para promover una iniciativa de modificación a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de 2017, que adicione como caso de excepción los estudios sociales, históricos y antropológicos, explica Peral Rabasa, lingüista del INAH.

 

Es en este marco que especialistas de varias instituciones de investigación antropológica e histórica en nuestro país se reúnen este día en el Museo Nacional de Antropología, en una jornada de reflexión y análisis sobre el pasado, presente y futuro de estas especialidades y disciplinas en México, frente a legislaciones fundamentales para la salvaguarda de la sociedad en temas tan importantes como la integridad física, moral y económica, pero que, paradójicamente, impiden a las Ciencias Sociales cumplir con su cometido de desarrollar conocimiento.

 

Participan especialistas en etnografía, antropología, historiadores, etnohistoriadores, etnólogos y lingüistas, del INAH, la UNAM, la UAM, la Universidad de Colima, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Archivo Histórico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), para plantear las diversas problemáticas a las que se han enfrentado.

 

El Conversatorio “Las Ciencias Antropológicas entre la paradoja y la encrucijada: el acceso a la información y la protección de los datos personales” contó con la presencia de la secretaria técnica del INAH, Aída Castilleja, quien comentó a los participantes que el asunto de la protección de datos personales ha dejado un enjambre de problemáticas en las que se debe ahondar para poner en claro los nuevos contextos.

 

“Como investigadores y como instituciones nos toca estar muy atentos de las características de nuestras investigaciones y de la legislación y regulaciones ahora presentes, y ser cuidadoso para hacer un buen uso de la información, pero también observar en qué momento se limita nuestra investigación, por eso, espero que este conversatorio pueda extender el tema a otras disciplinas y derivar en más foros que nos permitan estar claros sobre los alcances de las formas de legislación actual y cómo las disciplinas sociales pueden influir para matizar o regular de otra manera sin que se coarte la posibilidad de dar sustento de veracidad a nuestros quehaceres de investigación”.

 

Asimismo, asistió la coordinadora nacional de Antropología del INAH, Paloma Bonfil, quien explicó que el conversatorio se propone visualizar y esclarecer en qué y cómo la legislación está impactando el trabajo que realizan las ciencias antropológicas, y la importancia de los datos personales en los trabajos de campo y de gabinete; a partir de este diagnóstico se pretende plantear posibles estrategias y soluciones y, a futuro, la posibilidad de replicar conversatorios en otros puntos del país.

 

El director de Lingüística del INAH, Julio Pérez Luna, dijo que el tema es en apariencia extraño y lejano al quehacer de investigación, pero no lo es, a la luz de las circunstancias que se viven en el mundo, marcado por la información y sus medios de amplio desarrollo tecnológico, donde la academia no es la excepción, pero la investigación científica sigue basando su quehacer en la búsqueda de datos que genera información y conocimiento.

 

Sin embargo, las nuevas tecnologías de búsqueda y extensión de datos e información han traído también el mal uso de éstos, tal panorama ha exigido una respuesta legislativa creando leyes y organismos que protejan a los ciudadanos donde intervengan datos personales, convirtiendo esa información en objeto de regulación jurídica pero que en el ámbito de la investigación antropológica ha tenido repercusión negativa por limitar la obtención de datos personales.

 

¿Qué hacer ante el impedimento de acceso a la información personal con fines de investigación científica? Ese el objetivo del conversatorio.

 

Entre los temas que se abordan están la protección de datos personales y el corpus lingüístico de la antroponimia: nombres, apellidos e hipocorístico; los estudios onomasiológicos con población viva; la importancia de los datos personales de informantes para la documentación lingüística; los datos personales, el trabajo de campo y las etnografías; la historia atrás de los nombres. Su valor en la reconstitución de familias, genealogías y redes, y la protección de datos personales y los sujetos de la historia.

 

Entre los participantes estuvieron Donaciano Gutiérrez Gutiérrez, curador de la Sala Etnográfica Noroeste del Museo Nacional de Antropología, quien dijo que quizá el área de conocimiento más conflictuada sea la etnografía, que lleva a cabo el trabajo directo con las poblaciones vivas; se refirió a las problemáticas que conllevan estas leyes en la región que él investiga, donde el narcotráfico coexiste con las comunidades indígenas e incluso es también tema de estudio antropológico.

 

Otro tema abordado fue el de la Ley General de Archivos (LGA) que entrará en vigor el próximo 13 de junio, luego de transcurridos 365 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que ocurrió el 15 de junio de 2018.

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